1. Porque no habrá solución a la dramática segregación social chilena sin una Educación Pública, gratuita y de calidad, capaz de atraer a alumnos social y culturalmente diferentes. No habrá solución en tanto las escuelas -el espacio por excelencia donde aprendemos a convivir- separen a los futuros ciudadanos según lo que pueden pagar.

2. Porque es un deber del Estado garantizar el derecho constitucional –en todas y cada una de las localidades de Chile– a una educación de calidad, sin tener que pagar por ella.

3. Porque el Estado es el responsable de impulsar proyectos educativos integradores cuyo fin sea el bien del país, y no solamente el beneficio particular de cada persona.

4. Porque Chile tiene el deber de garantizar la existencia de proyectos, que no respondan a intereses particulares -ideológicos o religiosos- y que no discriminen a ningún niño a partir de estos intereses.

5. Porque queremos escuelas sin prácticas de selección o expulsión de alumnos, de acuerdo a su rendimiento académico. Todos merecen una oportunidad.

6. Porque tener todo esto no es un imposible. Son condiciones mínimas con las que cuentan muchos sistemas educativos, indispensables para el desarrollo y la paz social de cualquier país.